Según el ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Victor Díaz Rúa, quien ayer cesó en sus funciones, presionó a la empresa a partir de 2008 para que vendiera la carretera a otras compañías.
SANTO DOMINGO.- La
empresa de capital español Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras
(Codacsa) denunció hoy la "incautación" de sus bienes por parte del
Gobierno dominicano y el incumplimiento de un laudo internacional que obliga al
Estado a indemnizarle con 45 millones de dólares.
La compañía, que también cuenta con
accionistas estadounidenses y dominicanos, acusa a "los últimos
gobiernos" del país caribeño de incumplir "sistemáticamente" el
contrato de concesión que le fue adjudicado en 2001 para la construcción,
mantenimiento y atención al usuario de la carretera San Pedro de Macorís - La
Romana (este).
El consejero delegado de Codacsa, Roberto
García, en declaraciones a Efe, dijo hoy que a las 6.00 horas (10.00 GMT) del
pasado sábado una dotación militar encabezada por un responsable del
departamento jurídico del Ministerio de Obras Públicas expulsó al personal de
la compañía de la carretera.
Estos hechos se producen después de que un
laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio de París fijara a finales
de mayo la indemnización y declarara que el Estado dominicano incumplió
"las principales cláusulas contractuales y que las acusaciones del
ministerio de Obras Públicas hacia la empresa son "temerarias",
explicó García.
Según la empresa española,
el contrato preveía que el Gobierno dominicano entregara un aval liquidador del
riesgo cambiario que garantizara a la empresa el pago del préstamo obtenido
para financiar el proyecto ante eventuales fluctuaciones de la moneda, pero el
Ejecutivo incumplió esta obligación.
Tampoco cumplió con su obligación de crear un
"peaje sombra" para subvencionar el que la compañía dejó de cobrar al
impedirle actualizar las tarifas, paralizó la construcción de dos estaciones de
cobro e incumplió el plan de expropiación de terrenos para la construcción de
la carretera, explicó a Efe García.
Según el ejecutivo, el ministro de Obras
Públicas, Victor Díaz Rúa, quien ayer cesó en sus funciones, presionó a la
empresa a partir de 2008 para que vendiera la carretera a otras compañías.
Todos estos hechos desencadenaron el
arbitraje internacional cuya resolución dispuso que el Gobierno indemnizara a
Codacsa en un plazo que venció el 31 de julio y que la empresa devolviera la
carretera.
García relató que desde que se conoció el
laudo la empresa ha intentado reunirse con representantes del Gobierno para
cumplir la resolución, pero no ha obtenido respuesta.
Estos hechos han llevado a la firma a iniciar el proceso de despido de sus más
de doscientos trabajadores, todos ellos dominicanos. Sobre este contencioso, el
exministro de Obras Públicas dijo que la empresa se había comprometido a
construir la carretera San Pedro de Macorís-La Romana y que sólo hizo un tramo
con dinero del Estado.
"No cumplieron nada, esos son unos
estafadores", manifestó a medios de comunicación el todavía ministro,
quien también acusó a Codacsa de no cumplir con las inversiones previstas.
Acerca
de estas acusaciones, García subrayó que Díaz Rúa "miente en todo lo que
dice" y recordó que la empresa invirtió siete millones de dólares a la
espera de que el Gobierno cumpliera sus promesas. García indicó que cuenta con
el apoyo de la embajada española y dijo que confía
en que el nuevo Ejecutivo nombrado por el presidente Danilo Medina, investido
ayer, "corrija el comportamiento ilegal del Gobierno saliente" 
